Por Roberto Aguirre (Redacción de APM)
A partir de la década de 60 se implementó en América Latina un nuevo modelo agrícola relacionado a la tecnología genética y al uso de químicos para obtener mejores rendimientos. Más de cuarenta años después, este modelo está lejos de ser un instrumento de desarrollo o de soberanía alimentaria y, muy por el contrario, se ha convertido en una maquinaria de dominación, muerte y beneficios para unos pocos.
Sucede que las grandes corporaciones del agro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), han logrado, con la complicidad de los estados neoliberales, imponer el monocultivo para la exportación a modo de una nueva distribución internacional del trabajo. Los beneficios para ellos no son pocos: las corporaciones que venden semillas transgénicas y agrotóxicos tienen ganancias millonarias, al tiempo que la renta de las exportaciones sirve para pagar la deuda externa de los agobiados países latinoamericanos. Ni la soja de Argentina, Brasil y Paraguay, ni las bananas o el algodón de los países centroamericanos sirven para calmar el hambre de los pueblos, más bien sirven para alimentar las arcas del sistema.
Mucho se ha dicho sobre los perjuicios que este modelo trae para Latinoamérica y para los campesinos. Normalmente se habla de la concentración y el agotamiento de las tierras, de la proliferación de los transgénicos, de la baja rentabilidad y de la intromisión de las grandes corporaciones en las políticas nacionales. Mientras tanto, un asesino silencioso recorre América Latina, cobrándose miles de vidas al año: los agrotóxicos, piezas esenciales de un modelo al que no le importa matar a los pobres, mientras pueda extraerse de ellos y de sus tierras hasta la última gota.
Según la FAO (Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) los plaguicidas son causantes de 20 mil muertes accidentales al año, y 200 mil suicidios. Otro dato publicado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1994 afirma que ese año hubo entre dos y cinco millones de casos de envenenamientos por plaguicidas, en sólo 40 mil establecimientos relevados. Por otra parte, cabe destacar que no hay forma de relevar las peligrosas intoxicaciones crónicas, o bien las que son tratadas por sus síntomas sin saber nunca cuales fueron las causas. De la misma forma, es imposible saber la cantidad de envenenamientos por los que no se hace una consulta médica.
La precariedad en la que trabajan los campesinos pobres de América Latina, los expone aún más a los perjuicios de los agrotóxicos. En principio, no utilizan el equipo de aplicación necesario para no mojarse con los productos, y prevenir así envenenamientos cutáneos. Muchos de ellos son analfabetos, y se ven imposibilitados de leer los marbetes o rótulos que indican las formas de aplicación y los cuidados que debe tenerse. A pesar del riesgo al que están expuestos, los campesinos, quinteros o chacareros optan por comprar productos como el Glifosato, debido a la necesidad imperante de tener altos rendimientos, cosa que en muchos casos ni siquiera ocurre. Mientras ellos gastan cientos de dólares en agrotóxicos e invierten su salud para lograr mantener a sus familias, los ejecutivos de Monsanto ganan cientos de miles de dólares al año, y sin tocar una gota del veneno que producen.
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