Plagbol (Plaguicidas Bolivia)

Por: Miriam Jemio

El circuito letal de los tóxicos empleados en el agro y el uso doméstico no tiene rival estatal en frente. Los cosechadores están librados a su suerte por falta de capacitación. Según los recientes reportes de Plagbol, 75 por ciento de los agricultores de 4 comunidades de La Paz usan venenos extremadamente tóxicos, obsoletos y vedados por los convenios internacionales. El control y la prevención en la importación, venta y manipuleo de estos productos también es deficiente. Hay 5 comunidades de La Paz y Cochabamba, además de las poblaciones de los valles mesotérmicos de Santa Cruz, que viven una situación crítica por el empleo indiscriminado de los pesticidas.

DOS DÉCADAS EN EL LIMBO
Esta peligrosa operación es común en el área rural, donde los habitantes forman parte de uno de los eslabones más desprotegidos del circuito letal de los plaguicidas, artículos que llegaron al país durante la colonización del oriente en los años 50 y 60 del siglo pasado. Y hace casi 20 años que los funestos resultados por la falta de prevención en el rubro fueron alertados en un estudio del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), 1987-1989, que determinó que los cultivadores de los valles, llanos y altiplano que utilizaban estos productos sufrían de significativos daños en su salud, al igual que sus familias, y además contaminaban al medio ambiente.
Hoy, esta recomendación ha calado mínimamente en el agro. Con más de cinco años de investigación en el tema, el proyecto piloto Plaguicidas Bolivia (Plagbol) halló en un reciente trabajo de que más del 75 por ciento de los productores de los municipios paceños Caranavi, Guanay, Mecapaca y Palca, usan venenos extremadamente tóxicos, obsoletos y prohibidos (incluso los tachados por los convenios y organismos internacionales); más del 85 por ciento no respeta las dosis recomendadas para su empleo; y un porcentaje mayor al 80 por ciento no usa el equipo de protección personal adecuado y necesario, ni sigue la reglas de higiene personal básicas.
Eso no es todo. Más del 78 por ciento de estos cosechadores elimina los envases de forma incorrecta y menos del 10 por ciento de los agrotóxicos está guardado “bajo candado”, es decir, en depósitos seguros. Además, pocos campesinos tuvieron capacitación sobre la toxicidad y manejo de venenos, siendo que el 42,45 por ciento de la población total del país se encuentra en el área rural, donde 2 millones 568 mil 312 habitantes se dedican a la agricultura y aplican 17 millones de toneladas de plaguicidas al año. Bolivia destina más de 2 millones de hectáreas a la faena agropecuaria, lo que representa el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Por estas cifras —dicen los especialistas consultados por Domingo—, el empleo de estos productos, sobre todo los organofosforados (grupo de ejemplares artificiales para luchar contra los insectos y que son peligrosos para el ser humano), es constante. Los informes internacionales determinan que el 85 por ciento de la producción mundial de estos venenos se destina al agro con la finalidad de controlar químicamente las plagas que asolan a los cultivos y disminuyen su productividad y rentabilidad; un 10 por ciento se aplica en el área de salud para el control de la malaria por ejemplo, y el restante 5 por ciento es de uso doméstico, principalmente contra roedores (raticidas).

Daños genéticos en la paz
Millones de personas en el mundo, dicen los informes de los organismos internacionales, se envenenan por exposición directa (como los cosechadores) o indirecta a plaguicidas, más de 200 mil perecen anualmente. La OMS indica, además, que el 3 por ciento de la población expuesta sufre al menos una intoxicación por año. En Bolivia, de acuerdo con Plagbol, la cifra se estima cercana a los 30 mil casos anuales, pero sólo se registran oficialmente un promedio de 2 mil, poniendo de manifiesto que existe un importante subregistro de los casos en el Sistema Nacional de Información en Salud. Una falencia del Ministerio del ramo.
Aparte, siempre según los reportes de Plagbol, los “accidentes” de trabajo agrícola (envenenamiento por plaguicidas) tendrían un número significativo: casi el 50 por ciento de los agricultores, de varias regiones estudiadas por este proyecto, sufre síntomas de intoxicación después de haber fumigado su cosecha (salpullido de la piel, dolores de cabeza, irritación ocular, nauseas, taquicardia…). Es el caso de Reynaldo Chambi, agricultor de Palca. “Me da mareos”, afirma, tras aplicar 80 litros de agrotóxicos a sus plantíos de papa y haba.
Un flamante estudio del Instituto de Genética de la Universidad Mayor de San Andrés a 259 habitantes de Palca, Mecapaca, y otras localidades del norte paceño como Caranavi y Guanay, reportó que los agricultores expuestos a los pesticidas tienen 1,49 veces (casi 150 por ciento) más probabilidad de sufrir daños genotóxicos (a nivel genético) que pueden derivar en problemas cancerígenos, con relación a quienes no lo están: como los profesores y personal de salud de estas comunidades estudiadas.
La docente investigadora de este ente académico, Noemí Tirado, señala que este dato revela un “peligro significativo”, aunque éste varía de acuerdo al organismo de cada individuo. Los resultados son una clara muestra de la necesidad de realizar una evaluación contínua (biomonitorización). Por ello, ese instituto impulsará otro estudio similar para determinar la capacidad personal de los 259 cultivadores para eliminar el tóxico de sus cuerpos.

EL comercio IMPUNE
Pero, ¿cuáles son los eslabones iniciales de este circuito para que los venenos lleguen a los contenedores de los sembradores bolivianos? El escenario se oscurece más al revisar las deficiencias de control en la importación, comercialización y manipuleo urbanos de los plaguicidas. Áreas donde las autoridades ni siquiera cuentan con recursos materiales y humanos ideales. Campos donde los expertos entrevistados ubican, nuevamente, serías deficiencias de trabajo en equipo de las instancias públicas.
Primero, no se cumple a cabalidad la Decisión 436, norma supranacional del rubro que rige a nivel de la Comunidad Andina de Naciones —organismo al cual pertenecen Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela—. La normativa boliviana vigente no contempla varios de sus lineamientos técnicos y administrativos. Esto repercute —explican los analistas—, sobre todo, en el ingreso de pesticidas altamente tóxicos, aquellos que no tienen cabida en otros mercados pero que forman parte del registro legal del Senasag como el Paraquat, producto letal involucrado en la “docena sucia” que desde 1985 se encuentra vetada por la OMS para el comercio.
La importación ilegal también sobrepasa la capacidad del Control Operativo Aduanero (COA) dependiente de la Aduana Nacional. Esta entidad informa que se incautó, entre 2004 y 2006, “cantidades menores de plaguicidas en Santa Cruz y Tarija”. El caso más llamativo se dio en el recinto aduanero Albo S.A., el 3 de marzo de 2006, donde se retuvieron 25 cajas con insecticida líquido. Para Daniel Durán, del Senasag, la fiscalización aduanera es preocupante puesto que, por ejemplo, en la frontera cruceño-brasileña de Guayará, “ingresan sin control, todos los días, cajas de Novapoma, cuya base química es el DDT (otro artículo de la famosa “docena sucia”).
Guido Condarco asegura que este tránsito ilícito se produce en todas las fronteras. Para La Paz, el punto de referencia es Perú. Sus insecticidas y raticidas abarrotan las calles de la sede de Gobierno. Nombres como “El mata rápido”, “Killer Campeón” o “El zorro veneno” no figuran en la lista de 912 venenos avalados por el Senasag. Las vendedoras de estos productos son, generalmente, de origen humilde. Doña Marina vende variedad de artículos (peines, espejos, pomadas, raticidas…) en la calle Santa Cruz. “Mi proveedora no tiene tienda. A todas las de esta fila (otras comerciantes semilleras) nos vende por raleo (tres sobres de un mismo producto). Dice que trae del Perú”.
No obstante, la Ordenanza Municipal 109, de 1997, prohíbe el expendio de raticidas, herbicidas, insecticidas y organofosforados en las vías públicas. El mayor Rodrigo Rodríguez, intendente de la Alcaldía paceña, informa que diariamente los efectivos ediles decomisan estos materiales: las estadísticas establecen que, entre 2002 y 2006, el municipio retuvo 4.260 productos nocivos para la salud, de los cuales 1.159 eran plaguicidas (909 sobres de raticidas). Rodríguez alega que la persistencia de este comercio ilegal callejero se debe a que su dependencia cuenta con poco personal y no recibe cooperación de la Policía y el Ministerio de Salud, ni siquiera en las redadas.
En El Alto la situación es similar. El teniente coronel Mario Gutiérrez, encargado de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Alcaldía, resalta que “hay menos decomisos, porque (las vendedoras de plaguicidas) se cuidan por el problema de los suicidios (provocados por los raticidas)”. Sin embargo, aclara que esta fiscalización no incluye la venta de los tóxicos destinados al agro, sólo los dirigidos a uso doméstico. Por ello —sostienen los expertos—, es fácil comprar Aldrín (otro veneno de la “docena sucia”) en las calles alteñas.
Si esto acontece en el área urbana, ni qué decir lo que impera en los mercados semanales, mensuales o anuales que se realizan en el área rural, donde los agrotóxicos son expuestos libremente y sin prevención. Por ejemplo, en la feria de los miércoles del pueblo de Pacaures, en la provincia Camacho de La Paz, los vendedores ofrecen los plaguicidas en frascos de plástico que no portan la marca y, por lo tanto, las franjas de colores que alertan del grado de toxicidad del producto: rojo, amarillo, azul y verde (ver infografía de la página 12), ni la respectiva imagen de una calavera.

CONVIVIENDO CON EL RIESGO
En el ámbito laboral de la venta y uso de los plaguicidas la inoperancia estatal continúa. El Ministerio de Trabajo, cartera que tiene a su cargo la vigilancia de la seguridad industrial, no entregó a Domingo —a pesar de las reiteradas peticiones de este suplemento— los reportes de inspecciones realizadas a las 207 comercializadoras (principalmente semillerías) y las 12 empresas paceñas de fumigaciones domésticas catalogadas como “aplicadoras terrestres”, firmas que ofrecen al público controlar y eliminar las “termitas, ratones, chulupis y palomas” de sus viviendas.
En territorio paceño, las firmas que ofertan los agroquímicos están concentradas en las zonas de Villa Fátima, Rodríguez y el Cementerio. En suelo alteño, en el área de Villa Dolores. En estos centros de expendio también reina la informalidad: los trabajadores no se protegen para manipular los plaguicidas. Incluso, ingieren sus alimentos en el mismo lugar donde se encuentran estos productos (algo prohibido por las reglas sanitarias internacionales y bolivianas). “El dueño nos da leche —responde un vendedor en Villa Fátima—. Con eso nos cuidamos”.
“Es un problema bien serio —manifiesta Lila Sabala, laboratorista de la Unidad Técnica de Higiene y Seguridad Industrial y Medio Ambiente del INSO—. A los que manejan estos plaguicidas (en las comercializadoras), mínimamente deberíamos hacerles un examen pre-ocupacional y un análisis de Colinesterasa (para saber, mediante los análisis de sangre, si los agrotóxicos están provocando algún daño). Con un control periódico de este tipo, se estaría precautelando la salud de estas personas”.
De igual forma, las vendedoras ambulantes de plaguicidas domésticos por raleo no respetan las medidas sanitarias: mantienen los sobres de raticida o los spray de insecticidas junto a alimentos que también comercializan y que, incluso, comen. Ante esto, Sabala recomienda, con urgencia, realizar campañas educativas para mostrar al trabajador, al manipulador, al expendedor y al que fracciona (raleo) los peligros a los que están expuestos. “Con el manejo diario de estos productos está germinando una enfermedad ocupacional. Lamentablemente, cuando ella se manifieste en estas personas ya será tarde, porque es irreversible”.
Son dos los sectores más asediados por estos males ocupacionales: los agricultores y los trabajadores de semillerías y fumigadoras, quienes tampoco emplean la ropa de protección mientras entablan contacto con los venenos. Todas estas falencias precautorias son criticadas por el coordinador de Acción Internacional por la Salud (AIS), Oscar Lanza. “Las autoridades no están cumpliendo con su función. Basta ver la venta callejera de plaguicidas y cómo se los manipula. Pero, también, la población debe tomar conciencia y ayudar con el control social de este punto que daña a la salud”.

Residuos en los alimentos
Este circuito dañino se amplía a los destinatarios del trabajo agrícola: los consumidores. Cada vegetal rociado con estos tóxicos puede esconder un enemigo mortal, silencioso y paciente. Por ello, los científicos se ocupan, cada vez más, de estudiar los residuos de plaguicidas presentes en lácteos, granos, frutas y verduras. Es que al problema de los envenenamientos agudos se agrega la intoxicación crónica por contacto con los agroquímicos e ingerir los alimentos infestados, lo que provoca enfermedades como cáncer, malformaciones congénitas y alteraciones en los sistemas inmunológico, neurológico y reproductivo.
Estudios sobre estos puntos han sido levantados en otros países de la región, incluso con procesos judiciales de por medio; empero, en Bolivia no ha ocurrido lo mismo; y los pocos existentes datan de, por lo menos, hace una década. Por ejemplo, en La Paz, el INSO, entre 1987 y 1989, halló residuos de pesticidas en las hortalizas. En 1996, también en suelo paceño, el Seladis (Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones en Salud) tomó 60 muestras de leche materna de los hospitales del Niño y de la Mujer, hallando exceso de residuos de agrotóxicos, y de los más letales, o sea, de los que engrosan la “docena sucia” como el DDT, Aldrin y Dieldrin.
Surge la pregunta, no sólo en Bolivia sino en el planeta: ¿Qué hacer para que los alimentos rociados por pesticidas no dañen la salud? En este tema, desde 1963, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y la OMS implementaron el Codex Alimentarius (Código Alimentario), donde se evalúan permanentemente los Límites Máximos para Residuos (LMR) en los vegetales mundiales. Pero, en criterio de Daniel Durán, del Senasag, la clasificación de este Código, que contempla alrededor de 500 plaguicidas y sus respectivos LMR en hortalizas, no está “acorde a la realidad del país” y, por ello, debería ser readecuada a las exigencias bolivianas; no obstante, es la única referencia a la que se remite este ente dependiente del Ministerio de Agricultura.
Además de este vacío, el Senasag arrastra la debilidad de no evaluar integralmente los riesgos de salud, medio ambiente y agricultura con las instancias públicas del ramo. “Se está trabajando en varios frentes —reconoce Durán—, pero no es suficiente porque nos faltan recursos humanos y económicos”. El Centro de Información Toxicológica del Hospital Japonés de Santa Cruz es la única entidad que ofrece información, orientación y asesoramiento sobre los agentes tóxicos en el territorio, pero no realiza estudios sobre los residuos dañinos de agrotóxicos en los productos agrícolas.
Esas investigaciones deberían llevarse a cabo en el Ministerio de Salud, pero éste no cuenta aún con políticas y programas al respecto, tal como lo reconoce la encargada de esta cartera, Nila Heredia. En este punto influye la falta de formación de recursos humanos en cuanto a detección, manejo y prevención de daños a la salud por plaguicidas. Aunque esta autoridad confía en que Plagbol y el INSO propongan salidas al tema. Sin embargo, este último sólo se encarga del control de los venenos de uso doméstico: raticidas e insecticidas, lo que se realiza a petición del importador y sin análisis de laboratorio de por medio —tal como dicen el director Justo Delgado y la laboratorista Lili Sabala—.
En el caso de los venenos empleados en el agro, el estudio debería ser realizado por el Senasag, pero éste tampoco cuenta con laboratorios propios, sino que trabaja con los del Instituto Boliviano de Tecnología (IBTEN). El ex jefe nacional de esta institución del Ministerio de Agricultura, José López, recomienda que la clave no está en que cada instancia tenga su centro de análisis, por el costo que implica, sino que “se debería fortalecer la capacidad de otros laboratorios e instruir a los profesionales en el exterior”.
Mientras tanto, la cadena de los plaguicidas continúa su ciclo letal. Las dependencias públicas encargadas de la lucha contra este problema nadan contracorriente, bloqueadas por sus limitaciones. Bolivia, así vista —concluyen los especialistas consultados—, forma parte de los países rojos donde es urgente aplicar un plan estatal integral para prevenir los daños silenciosos que los agrotóxicos ocasionan a los que se relacionan con éstos. Por el momento, Bolivia todavía no tiene un norte al respecto. ¿Hasta cuándo durará esto?

La capacitación como arma principal
El proyecto piloto “Plaguicidas Bolivia” (Plagbol) se desarrolló de octubre 2001 hasta junio 2005 en cuatro municipios de La Paz: Guanay, Caranavi, Palca y Mecapaca, zonas agrícolas y caracterizadas por el elevado uso de agrotóxicos.
Las acciones ejecutadas buscan mejorar la calidad de vida de los cultivadores del área de intervención, disminuyendo las enfermedades causadas por pesticidas, el mejoramiento de la producción del agro y la preservación del medio ambiente.
La principal estrategia del proyecto fue la formación de recursos humanos en tres áreas (salud, educación y agricultura), a través de un proceso de educación “en cascada” con cursos y talleres de capacitación y elaborando material informativo y educativo para cada uno de los grupos.
Paralelamente, se apoyaron investigacciones científicas en coordinación con las facultades de Agronomía y Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y el Instituto Superior Técnico Agropecuario de Caranavi (ISTAIC).
Plagbol logró cumplir su objetivo de disminuir las intoxicaciones ocupacionales en esta área agrícola, pero no las comunes, que tienen que ver con suicidios. El coordinador del proyecto, Guido Condarco, afirma que con la instrucción también se mejoró el diagnostico y tratamiento de intoxicaciones en los centros de salud del proyecto.
En la introducción del Manejo Integrado de Plagas (MIP), destinado a elevar la calidad de la agricultura, se han tenido avances. Incluso en algunos de los municipios del proyecto se formarán asociaciones de productores MIP, quienes pondrán a disposición de los cosechadores insumos para obtener productos de calidad, ecológicos y con un bajo nivel de uso de agroquímicos.
Los campesinos están cambiando lentamente el tradicional empleo de plaguicidas por los tipos menos tóxicos, además desarrollaron métodos adecuados en el uso y almacenamiento de los mismos. Lo destacable es que los municipios incorporaron en sus Programas de Desarrollo este tema.
Si bien se capacitó al personal de salud de estos poblados para que realicen pruebas de colinesterasa en la sangre, se requiere que también tengan las drogas para tratar las intoxicaciones —dice Condarco— y aún falta que los envenenamientos se registren en el Sistema de Vigilancia Epidemiología del Ministerio de Salud y Previsión Social.
Plagbol capacitó, en total, a 300 promotores y 50.000 personas entre hombres, mujeres y niños, del sector agrícola. Aparte, 300 salubristas —entre médicos, auxiliares y enfermeras— en destrezas para el diagnostico y tratamiento de intoxicaciones agudas por plaguicidas. Ahora, se apunta a iniciar una nueva fase de este proyecto piloto privado.

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